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Se definieron sus límites y pese a las críticas, avanzó.

La ley ha generado mucha polémica.

La activista sostuvo que la nueva norma jurídica constituye un retroceso a los avances alcanzados en la reforma aprobada en el 2011, especialmente en el párrafo tercero del artículo uno, donde se obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El diputado federal Alex Domínguez negó que esta ley fuera a violentar los derechos humanos y que fuera un intento de militarizar al país, pues aseguró que sacar a los soldados a las calles será la última opción, ya que primero intercederá la Policía Federal, después la Gendarmería y al final se llamará al Ejército Mexicano. Esto es permitido y tomado como medida desde hace once años; sin embargo, con esta ley se convertiría en lo habitual.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) analizará, en caso de ser aprobada, en definitiva, la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, afirmó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien expresó su preocupación por algunos de sus contenidos que podrían implicar afectaciones a los derechos humanos o propiciar que se vulneren los mismos.

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Al igual que otras organizaciones a nivel nacional, las que integran Alianza Ciudadana en Chihuahua detallan que con este marco jurídico se permitirá a las fuerzas federales intervenir contra protestas sociales si se consideran que no son pacíficas, así como también se realizará una mala regulación del uso de la fuerza pues se remiten a protocolos deficientes y no supervisados.

Agrega que lamentablemente los militares muestran una actitud prepotente hacia defensores de derechos humanos, "criminalizan la labor que realizan al acompañar a víctimas del crimen organizado o incluso del mismo Estado".

Señaló que las fuerzas armadas sólo se podrá utilizar en caso de terrorismo, alteración a las instalaciones estratégicas y por supuesto delincuencia organizada.

La Ley de Seguridad Interior es contraria a los tratados internacionales y a las recomendaciones de la ONU y la CIDH de retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad. Esto es seguido de la orden dada por el Presidente en alguna situación de emergencia nacional.

- Define que el Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas, o de su ejecutivo, la intervención de la federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa.


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