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Por el momento, la defensa de la líder jujeña estudia las resoluciones, tras lo cual decidirá los pasos a seguir.

La Corte Suprema de la Nación ordenó que Milagro Sala no debe estar detenida en una cárcel por sus problemas de salud.

El pasado 23 de noviembre la CIDH estableció que 'el Estado debe, de manera inmediata, sustituir la prisión preventiva de la señora Sala por la medida alternativa de arresto domiciliario, que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive, o por cualquier otra medida aún menos restrictiva de sus derechos'.

El fallo fue unánime, y Carlos Rosenkrantz además votó porque la causa sea remitida a los tribunales inferiores para que opinen sobre el fallo de la CIDH. El magistrado consideró que no corresponde adelantar criterio sobre lo resuelto por los órganos interamericanos ya que la única cuestión resuelta por la Corte se refiere a la procedencia de la prisión cautelar, no a las condiciones de detención de la imputada.

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Su último equipo fueron los Rangers de Escocia, institución de la que salió por malos resultados. El portugués Pedro Caixinha será nuevo entrenador de Cruz Azul a partir del Clausura 2018.

El fallo de la Corte también derribó el argumento de la defensa de Sala que, en su presentación ante ese tribunal, había sostenido que su detención preventiva era arbitraria, porque que no había elementos para justificar la existencia de riesgo procesal.

En su decisión, el máximo tribunal del país descartó este cuestionamiento y consideró que está "justificada" la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy de convalidar la restricción de su libertad.

"Corte Suprema ratificó la prisión domiciliaria para Sala", informaron a Sputnik fuentes judiciales. En base a estos hechos se fundó la sospecha de que Sala, en caso de que fuera liberada, obstaculizaría el proceso intimidando a los testigos o induciéndolos a falsear su declaración. El fallo recuerda que la "inmunidad de arresto" para los legisladores del Parlasur rige en el Estado sede del Parlamento, es decir, en Uruguay. La decisión se conoció este miércoles y llega tras un reclamo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


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