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La citada iniciativa de Ley, que fija las bases para la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, fue aprobada el miércoles por las comisiones dictaminadoras.

AI se sumó a la exigencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones de la sociedad civil "de generar un diálogo nacional sobre esta ley para que se preserven y garanticen los derechos humanos".

Estas instancias que velan por las libertades fundamentales han recordado que en el pasado integrantes de las Fuerzas Armadas han perpetrado "numerosos" y graves abusos a los derechos humanos y que en "muchos" de los casos estos crímenes han quedado impunes.

Un comandante de las fuerzas armadas dirigirá al grupo de instituciones que se conforme contra la amenaza, dentro de la intervención de los soldados que no podrá exceder de un año a menos que su prórroga se justifique.

Una vez que el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior fue devuelto a la Cámara de Diputados con al menos una decena de modificaciones, se prevé que en San Lázaro se sesione este viernes para que allanen a los cambios y con ello sea enviada al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.

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La senadora Angélica de la Peña Gómez presentó una moción suspensiva, para que no se discutiera el dictamen porque es inconstitucional y viola los derechos humanos, pero fue desechada por la Asamblea con 69 votos en contra y 39 a favor. Agotada su vigencia, cesará esta intervención, así como las acciones de seguridad interior a cargo de las Fuerzas Armadas.

En el artículo 10, se determinó que la aplicación supletoria de las leyes de Seguridad Nacional y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, serán en términos de sus competencias. Ahora, resulta que los buenos son los delincuentes y los malos son nuestras Fuerzas Armadas.

Los senadores añadieron en el artículo 26 una remisión para que las funciones que lleven a cabo las autoridades federales y las Fuerzas Armadas se lleven a cabo de acuerdo al ámbito de sus competencias.

Asimismo, convocó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que haga uso de sus facultades constitucionales e interponga una acción de inconstitucionalidad sobre este ordenamiento avalado en "fast track" por el PRI y sus aliados.


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