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El Supremo Tribunal Federal de Brasil debería decidir este miércoles si Lula debe ser encarcelado para empezar a cumplir esa sentencia en lo que apela esta; de ser así, su campaña presidencial terminaría de golpe.

El segundo magistrado en intervenir fue Gilmar Mendes, un reconocido crítico del Partido de los Trabajadores, pero que aún así voto a favor para que Lula siga en libertad hasta que los tribunales superiores se pronuncien sobre su caso. "Por esta razón, este es un momento donde debemos pedir serenidad".

Investigadores de la llamada Operación Lava Jato (Lavado de Autos) en la que se enmarca el proceso contra Lula, destacan que la posibilidad del inicio del cumplimiento de la pena después de una condena en segunda instancia es esencial para la continuidad y el avance de las investigaciones.

El juzgamiento sobre Lula ocurre una semana después del atentado a balazos contra dos autobuses que formaban parte de la caravana proselitista del líder del PT en el sur del país.

La agudización de los enfrentamientos llevó a la presidenta de la corte suprema, Carmen Lucia, a hacer un inusual llamado por la paz social.

En un acto el lunes por la noche en Rio de Janeiro, Lula se mostró desafiante.

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De acuerdo con los datos del TSE, de los 3,3 millones de votantes habilitados, acudió a las urnas el 66,99 por ciento. Fabricio Alvarado había ganado la primera ronda, pero sin el mínimo de 40 por ciento necesario para ser elegido.

Algunos manifestantes optaron por ir vestidos con camisetas con el rostro del candidato ultraderechista a las elecciones de octubre, el diputado Jair Bolsonaro, como Ivan Liborio, quien apreció que el parlamentario es "la única solución para ordenar" Brasil, al tiempo que defendió la prisión de Lula. El contralor Dallagnol aseguró en Twitter que estará en "ayuno y oración", por el resultado de este miércoles.

Allí se reunieron centenas de personas para expresar su apoyo a Lula, condenado a 12 años de prisión por haberse beneficiado en forma ilícita de la corrupción de Petrobras mediante la cesión de un apartamento en una playa de Sao Paulo. Pero antes tiene que sortear la instancia de hoy.

Lula ya fue condenado a 12 años y un mes de prisión en segunda instancia por supuesta corrupción asociada al caso Lava Jato, pero se encuentra apelando la decisión a la condena e introduciendo recursos que lo liberen de lo que ha denunciado como un persecución judicial liderada por el juez Sergio Moro.

Aun si no termina en la cárcel, el exlíder sindical no puede postularse para cargos públicos tras ser condenado por recibir como soborno un departamento en una zona turística de manos de un empresario que había ganado contratos con el Estado durante su mandato.

Varios de los 11 magistrados del STF han señalado que cambiarían su voto respecto a 2016, abriendo de facto la puerta a un cambio de jurisprudencia que podría no sólo evitar la cárcel al expresidente -pues los recursos demoran años o incluso lustros en ser resueltos en Brasil-, sino también suponer un vuelco en la lucha contra la impunidad de políticos condenados.

"No es una exageración afirmar que este es probablemente uno de los juicios más importantes de la historia del STF", afirmó la fiscal general de la República, Raquel Dodge.


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