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La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) denunció hoy la detención de un grupo de promotores de derechos humanos, cuando realizaban labores humanitarias en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país y que ha dejado más de cien muertos desde abril pasado'.

Según informa el diario nicaragüense 'La Prensa', la marcha capitalina transcurrió pacíficamente hasta que grupos paramilitares que estarían vinculados al Gobierno -las juventudes 'sandinistas'- atacaron a los manifestantes y la Policía intervino.

A su vez la Iglesia católica de Nicaragua rechazó ayer retomar el diálogo entre el gobierno y la oposición para acabar con las protestas que azotan al país des hace varias semanas, con un saldo de docenas de manifestantes muertos.

El funcionario también rechazó la participación del organismo para desinstalar el gobierno del presidente Daniel Ortega sin un proceso electoral.

La carta la hizo pública la vicepresidente nicaragüense Rosario Murillo, donde el Papa Francisco expresa que acompaña con sus oraciones a los esfuerzos de todos los actores sociales que se orientan a buscar el enfrentamiento y el bien común. Están dispuestos a ahogar en sangre cualquier protesta pacífica en Nicaragua. "Nicaragua no es propiedad privada de nadie", dijo Ortega. "Los dueños de Nicaragua somos todos", respondió Ortega horas después en un acto oficialista celebrado en la glorieta Hugo Chávez de Managua con el que el Gobierno pretendía contrarrestar la marcha de las 'Madres de Abril'.

En tono confrontativo, el Mandatario manifestó que, aunque el dolor de las madres es inmenso por la perdida de sus hijos, eso "no puede llevar a la destrucción (.) ni llevar nuevamente a la guerra", en alusión a las protestas ciudadanas que demandan justicia para los fallecidos.

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"La realidad antidemocrática de la que son víctimas los nicaragüenses se sostiene y agrava", señalaron los expresidentes, entre los que se incluyen al colombiano Andrés Pastrana, el mexicano Felipe Calderón y el español Felipe González.

La crisis tuvo como detonante diversas manifestaciones en contra de unas reformas a la seguridad social emitidas por el presidente Daniel Ortega, pero continuaron después de que fueran derogadas, debido a la violencia de la represión, que ha sido constatada y condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

El canciller nicaragüense, Denis Moncada, dio a conocer un comunicado en el que el Gobierno "condena enfáticamente todos los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril en Nicaragua y más recientemente los acaecidos el miércoles".

El Gobierno condenó el jueves los hechos y los atribuyó a la "violencia delincuencial que han generado grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas, activando formatos delictivos para aterrorizar a las familias", según un comunicado en el que negó "cualquier responsabilidad en esa violencia".

El Parlamento Europeo ha calificado la situación de una "brutal represión" y ha reclamado una "reforma electoral con vistas a unas elecciones justas, transparentes y creíbles que respeten las normas internacionales".


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