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En la audiencia, el fiscal General, Paúl Pérez, solicitó medidas cautelares de presentación periódica ante la autoridad que la jueza Daniella Camacho disponga. Después de este dictamen, el fiscal general Paúl Pérez, solicitó medidas cautelares entre las que figura la colocación de un brazalete electrónico al ex mandatario.

Igualmente pidió medidas de protección para el exasambleísta Fernando Balda, supuesta víctima de secuestro en 2012, en Colombia, donde se encontraba evadiendo la justicia tras ser sentenciado a dos años de prisión en este territorio andino, por injurias, y su familia.

Balda alega que cuando estuvo en la capital colombiana cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, pero la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el intento de secuestro.

Previamente, el exmandatario publicó su expectativa de lo que será la diligencia en su cuenta de Twitter.

La jueza Camacho vinculó a ambos como "presuntos autores mediatos de los delitos de asociación ilícita y secuestro a Fernando Balda".

Orden de arresto para Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump
La juez revocó la fianza actual de Manafort, que le permitió el arresto domiciliario. Didn't know Manafort was the head of the Mob.

Ya el presidente Lenín Moreno, recriminó a legisladores de su movimiento político, Alianza País, que no apoyaron una acción en la Asamblea Nacional (Parlamento) para permitir un proceso penal contra su antecesor, el exgobernante Rafael Correa.

Romero fue vinculado el 31 de mayo de 2018 a la investigación por secuestro a Balda, que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, cuya instrucción fiscal (etapa actual) culminará el próximo 18 de julio.

En Ecuador el caso ha desatado una tormenta política y judicial ante el posible enjuiciamiento de Correa, en un caso en el que ya hay tres antiguos miembros de la inteligencia procesados.

La audiencia de vinculación contra el exmandatario Correa se instaló a las 14:00 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el norte de Quito, bajo estrictas medidas de seguridad y el despliegue de un numeroso contingente policial.

El escenario se complica para Pablo Romero, secretario nacional de Inteligencia entre 2012 y 2014. Probablemente podrán lograr falsos testimonios, pero jamás prueba material alguna.


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